Participa la senadora Ana Lilia Rivera en presentación de la Alianza
Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria de Todas
y Todos
La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, enfatizó que establecer
leyes en materia alimentaria no es un capricho ni una moda, sino un tema de derechos
humanos, ya que sólo así se podrá materializar el derecho a la alimentación, cuya falta de
acceso calificó como la “desigualdad más brutal” que existe en el mundo.
Durante la presentación de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la
Seguridad Alimentaria de Todas y Todos, celebrada en Madrid, España, la legisladora
subrayó que, para asegurar esto también se debe promover en las agendas la soberanía
alimentaria, la protección de la biodiversidad, y el respaldo a los pueblos indígenas y
comunidades rurales.
No obstante, la senadora advirtió que vivimos “tiempos más convulsos” que harán muy difícil
que se alcancen las metas de la Agenda 2030 de la ONU, por problemáticas como el cambio
climático que, consideró, ya no es algo que se pueda combatir, sino algo a lo que se debe
adaptar para garantizar agua, alimentos y el control de la inflación.
Esto, refirió, ha hecho que los integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre de
América Latina y el Caribe, que conforman esta alianza, hayan puesto en su agenda al
cambio climático como prioridad de seguridad nacional, para refrendar o modificar su modelo
civilizatorio.
De igual manera, Ana Lilia Rivera reconoció que los parlamentarios han apostado por un
enfoque sistémico, territorial y centrado en las personas, pues coinciden en que la seguridad
alimentaria no es solo un problema de falta de alimentos, sino de desigualdad en su
distribución, desperdicio y acceso a recursos para producirlos de forma sostenible.
Por tanto, refirió que los integrantes de la alianza se han propuesto a colaborar en múltiples
frentes, desde la promoción de la legislación y las políticas públicas inclusivas, hasta el
fenómeno de tecnologías agrícolas avanzadas y la reducción del desperdicio alimentario.
En ese sentido, expuso que en 2011 se reconoció en la Constitución Política de México el
derecho a la alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, lo que impuso al Estado la
obligación de consolidar ese derecho, y con lo que el Congreso de la Unión avaló hace poco
la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible.
Esa norma, explicó, tiene el propósito de proteger, respetar y garantizar el ejercicio del
derecho a la alimentación y los otros que de éste emanan, como el derecho a la salud, al
medio ambiente, al agua, el interés superior de la niñez y el enfoque de género.
Ana Lilia Rivera celebró que, con la Ley, también se aseguró que el 15 por ciento de la
producción de medianos y pequeños productores sea adquirido por las empresas que se
dediquen a la compra y distribución de alimentos en el país, además de que se asegura que
los presupuestos dispersos en otras leyes se concentren en la misma meta de que todos los
mexicanos tengan un plato de comida en sus mesas.
Al concluir su participación, la senadora hizo un llamado a sus homólogos parlamentarios para
que sigan haciendo el trabajo que les corresponde “con seriedad”, para evitar males que se
han propagado en la ciudadanía, como la obesidad, la diabetes o la hipertensión.